El mayor Trapero citado a declarar por sedición ante la Audiencia Nacional

04/10/2017
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Según avanzan 'El Español' y 'La Vanguardia’, la jueza se basa en la querella presentada hace unos días por la Fiscalía General del Estado por la concentración frente a la sede del departament d’Economia, donde la Guardia Civil efectuó un registro con el objetivo de frenar los preparativos del referéndum de independencia del 1 de octubre, previamente suspendido por el Tribunal Constitucional.

Los hechos se produjeron el pasado 20 de septiembre, cuando agentes del Instituto Armado entraron en la sede de la Conselleria de Economía de la Generalitat situada en Rambla Catalunya, en Barcelona, además de en la sede del Institut Català de Finances (ICF), en el marco de la operación ‘Anubis’, que se saldó con 16 detenidos.

Los dirigentes de las entidades soberanistas convocaron a la población a concentrarse en señal de protesta por la acción ante la conselleria y el Ministerio Público presentó la semana pasada una querella por sedición contra todos los manifestantes.

CAMBIO ILEGAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

El 27 de septiembre, la magistrada de la Audiencia Nacional acordó librar oficio a la Guardia Civil para que elaborara el atestado sobre las actuaciones, según expuso en un auto en el que entiende que la competencia de su investigación es de este órgano debido a que la manera en que se produjeron los hechos podría atentar contra los bienes jurídicamente protegidos y contra la actual forma de gobierno.

Consideraba en el texto que las concentraciones ocurridas esos días a las puertas de la Consejería de Economía tras los registros acordados por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona buscarían "tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estrado y declarar la independencia de una parte del territorio" quebrantando "el principio de la unidad de la Nación española".

"La descripción del delito de sedición en el Código Penal -recogido en el artículo 544 y penado con hasta 15 años de cárcel- encajará en las conductas materiales descritas en el delito contra la forma de gobierno si los actos se ejecutan con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado", reza el auto en el que la juez recuerda que el bien jurídico que se protege es el orden público entendido como la paz y tranquilidad en las manifestaciones.

También se hizo eco de la denuncia, que firma el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, en la que se señala a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium por montar en La Rambla un puesto para voluntarios desde donde se organizaban los turnos de relevo para las concentraciones ante la Consejería de Economía y expone también que los voluntarios hicieron un cordón ante el edificio para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos.

IMPEDIR LA LABOR DE LOS AGENTES

La denuncia hace un relato de los hechos ocurridos la pasada semana y que comenzaron con la concentración "de una muchedumbre de personas" en los edificios que los agentes estaban registrando "con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales".

Igualmente advierte de la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas" que con sus actos impulsaron movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación".

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