Despidos y caída de ingresos... Así golpea la Administración Pública a las empresas con su morosidad

24/04/2017
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 24 ABR. (Bolsamania.com/BMS) .- La morosidad de las Administraciones Públicas (AAPP) sigue afectando, y mucho, a las empresas que tiene contratadas para cubrir determinados servicios. Una de las mayores consecuencias tiene que ver con la facturación de estas compañías, que se ve reducida en torno a un 3% al año por los impagos, pero no es la única problemática. Las empresas también han dado la voz de alarma sobre otros efectos igualmente preocupantes, como por ejemplo que se ven obligadas a realizar despidos o que no pueden contratar más trabajadores por los retrasos del sector público a la hora de pagar las facturas.

Esas son algunas de las conclusiones que se desprenden del 'Informe Europeo de Pagos' emitido recientemente por Intrum Justitia, que hace una radiografía de la situación actual con especial acento en el caso español. Este documento pone de manifiesto que la mayoría de las empresas siguen sufriendo, a día de hoy, la morosidad de sus clientes, que es especialmente llamativa en el caso del sector público y de las empresas B2B (business to business). Todo ello genera problemas, y es que además de los ya mencionados, como la pérdida directa de ingresos o las consecuencias que tienen los impagos para el empleo (el 32% de los empresarios reconoce que podría incorporar nuevos empleados si les pagasen a tiempo), además la morosidad crea problemas de liquidez y costes adicionales.
Juan Carlos González, director general de Intrum Justitia en España, habla sobre esta problemática y explica que hay otros posibles efectos colaterales que son más difíciles de contabilizar: “Las pérdidas también pueden registrarse a través de otros gastos, como los derivados de la gestión de cobro interna para afrontar los impagos o la pérdida de valor adquisitivo que la empresa sufre al no ejecutar las facturas en la fecha de vencimiento contractual”.

Esta situación afecta, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, que dependen mucho más de que sus clientes paguen a tiempo y que tienen menos posibilidades de protegerse ante la morosidad en comparación con las empresas más grandes. Pero no todo es problema de impagos: las propias empresas reconocen que tardan demasiado en reclamar a sus clientes las deudas. En concreto, el 43% de ellas tarda más de 30 días, mientras que el 30% lo hace entre 31 y 60 días. Otro 17%, según el mencionado informe, tarda de 61 a 90 días en reclamar, mientras que un 11% lo hace entre los 91 y los 180 días. Es decir, las propias sociedades aceptan plazos de pago más largos, y todo ello pese a que la Ley de Morosidad obliga a no demorarse más allá de los 30 días.

Además, en la Directiva Europea del Retraso en el Pago (ELPD) se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y entre otras cosas da derecho a cobrar 40 euros por cada factura impagada más intereses si hay retraso a la hora de pagar, aunque las empresas reconocen que no piensan hacerlo pese a los altos niveles de morosidad que se dan en España.

¿CÓMO ES EL PAGO EN CADA CCAA?

Hace exactamente un mes, el Ministerio de Hacienda informaba sobre la situación del pago a proveedores en cada comunidad autónoma. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, en enero seis regiones -Baleares, Cantabria, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia- seguían incumpliendo la normativa y excediendo el tiempo máximo fijado para abonar las facturas.

Mientras que la media de las autonomías se situaba en los 25,45 días, cuando el periodo máximo marcado en la normativa sobre morosidad es de 30 días, en las seis comunidades citadas se superaba ampliamente, con Murcia a la cabeza (59,39), seguida de Cantabria (52,23) y Comunidad Valenciana (44,30). Sin embargo, y a pesar de la mejoría registrada en cuanto a dato medio de pago -supone la segunda bajada consecutiva-, los empresarios señalan que no es suficiente porque las demoras aún son muy significativas.

Así lo indican los autónomos,

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