La Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, fue publicada en el BOE el pasado 16 de marzo, aunque su andadura parlamentaria, desde que el Ministerio de Economía la llevó al Consejo de Estado, se remonta a finales de 2017.
La ley tiene como objeto la trasposición de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 2014 (Directiva 2014/17/UE), que establece un régimen específico de protección de los consumidores que tengan la condición de prestatarios mediante hipoteca sobre bienes inmuebles de uso residencial.
Además, se introducen previsiones para potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y comprensión de los contratos y de las cláusulas que los componen, así como el justo equilibrio entre las partes.
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